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Hacia el Estado de Bienestar ¿sostenible?

La necesidad de reducir los déficits públicos no puede basarse fundamentalmente en recortar políticas sociales; las rentas del capital deben contribuir en mayor medida al equilibrio fiscal y al bienestar

Hoy más que nunca, los enfoques ideológicos condicionan los análisis sobre el bienestar. El debate se centra en la cantidad más que en la calidad: más o menos Estado de Bienestar, mayor o menor ajuste fiscal, sí o no a las políticas sociales frente a la pretendida eficacia del mercado… Sería recomendable proceder con más rigor y valorar las implicaciones de cada iniciativa, sus costes y beneficios, las oportunidades y retos que plantean. No se puede abordar una cuestión que tiene tantas aristas mirando sólo la situación coyuntural.

El Estado de Bienestar es relativamente reciente. Aunque sus orígenes son anteriores, tras la II Guerra Mundial se afianzó en los países de mayor nivel de desarrollo como una suerte de contrato social, coincidiendo con una larga etapa de crecimiento y expansión de la economía mundial. Pero parece haber tocado techo. Se habla incluso de su defunción como consecuencia de la crisis, la globalización y la necesidad de racionalizar el sector público. Veamos de manera resumida tres ideas sobre el Estado de Bienestar como gasto, como política social y como inversión sostenible. Pueden ayudar a centrar el debate y avanzar hacia procedimientos metodológicos que mejoren el rigor analítico.

Estado de Bienestar, como gasto

Señala Heckman (2008) que: “Lo relevante no es si Europa debería adoptar el modelo anglosajón, o si los anglosajones deberían adoptar el sistema europeo. Más bien se trata de dilucidar qué características del Estado de Bienestar recortan los niveles de desigualdad y protegen contra la incertidumbre de forma eficaz”. Y añade: “Uno de los argumentos principales en favor de los estados de bienestar es que reducen la desigualdad y promueven la inclusión social. En la práctica, el Estado de Bienestar es en ocasiones excluyente, crea desigualdad y reduce la competitividad. Los incentivos existentes suelen retrasar la asimilación de inmigrantes y merman su inclusión. La rigidez del Estado de Bienestar aumenta la desigualdad a lo largo de la vida”.

La pérdida de competitividad de las economías y la exclusión de parte de la sociedad de los beneficios del Estado de Bienestar son dos de los problemas a evitar. A menudo, los incentivos derivados de las políticas sociales no se perciben con claridad o están mal asignados, por lo que no se valora su sostenibilidad y pierden eficacia.

Pero no puede generalizarse: hay distintos modelos de Estado de Bienestar, el término es demasiado amplio y los instrumentos para medirlo son poco precisos. De ahí surgen dos simplificaciones que enturbian el debate. La primera es que el Estado de Bienestar es esencialmente gasto público que puede suprimirse porque genera déficit y es menos eficiente que otras alternativas. La segunda es que los gastos sociales reducen el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo, puesto que distorsionan la asignación de recursos y el funcionamiento de los mercados abiertos a la globalización.

Shaikh (2003) aporta datos que muestran la falacia de ambos planteamientos en los países de la OCDE en la segunda mitad del siglo XX y concluye: “Los gastos en prestaciones sociales se financiaron con los impuestos que pagaron los destinatarios de esos mismos gastos; en otras palabras, de manera general, los gastos de bienestar social se autofinanciaron y no podían causar déficit fiscal ni frenar el crecimiento”.

Existen conocidos argumentos a favor y en contra del gasto social y su impacto sobre las finanzas públicas y el crecimiento. A menudo, ambos aspectos están unidos por un nexo común: la idea preconcebida, pero no demostrada, de que necesariamente y en casi todos los casos el Estado es menos eficiente que el mercado. Ese planteamiento se basa en una visión demasiado estrecha de las funciones del Estado, que no consisten únicamente en mejorar la eficacia económica, por importante que sea ese objetivo, sino también en favorecer la equidad y promover la estabilidad de los sistemas económicos, sociales y políticos. Por esa razón, la mayoría de las naciones desarrolladas, incluida España, han reforzado en las últimas décadas las políticas sociales, desechando la tesis de que el gasto público es una rémora, si bien esa idea ha renacido ahora, con un ímpetu casi obsesivo, especialmente en la UE.

Estado de Bienestar, como política social

Aunque la eficacia del gasto público es mejorable -de manera evidente si hay despilfarro y corrupción-, la solución no puede consistir en aplicar recortes indiscriminados para frenar los déficits. En primer lugar, porque ello supone renunciar al papel del gasto público como estabilizador macroeconómico y garante de la igualdad de oportunidades. En segundo lugar, porque el equilibrio presupuestario a largo plazo no depende sólo del gasto, sino también de los ingresos fiscales, que difícilmente podrán aumentar si no se estimula el crecimiento y el empleo.

Además de austeridad, el saneamiento de las finanzas públicas requiere un importante ajuste fiscal que haga recaer sobre todas las rentas del capital mayores gravámenes, puesto que nadie parece discrepar del principio básico de que debe pagar más quien más tiene. Sobre esa premisa se han levando diferentes modelos de Estado de Bienestar que ofrecen una gama de políticas de distinto origen, evolución e impacto social (Nieto 2011), cuyo análisis se torna más complejo cuando el gasto público se ejecuta en un contexto de creciente descentralización, como sucede en España.

Las políticas en materia de bienestar pueden clasificarse en diversas categorías, por ejemplo: a) educación, formación e investigación; b) sanidad y farmacia; c) subsidios por desempleo y promoción del empleo; d) servicios sociales y políticas de movilidad y vivienda; e) pensiones, dependencia y lucha contra la exclusión social y la pobreza; f) otras transferencias derivadas de políticas internas y de acciones internacionales.

La riqueza de contenido y la heterogeneidad de esos ámbitos reflejan la dificultad para valorar su impacto sobre economías y sociedades sometidas a cambios permanentes y abiertas a la globalización. Además, gran parte de los estudios existentes se basan en la comparación entre países, con la dificultad que ello entraña, pese a los esfuerzos de la UE y la OCDE (Nieto 2011) por homogeneizar estadísticas y estimular las mejores prácticas en los distintos ámbitos económicos, políticos y sociales. Algunos datos pueden resultar ilustrativos para ser analizados con más amplitud de la que permiten estas líneas:

I) Aunque su papel es clave en el bienestar y el progreso, España invierte menos en educación que la media de los países de la OCDE. Comparado con la UE-27, el porcentaje de estudiantes españoles es menor en la enseñanza pública preuniversitaria y en la formación profesional, pero mayor en las universidades públicas. En estas últimas, las tasas y gastos de matrícula sólo cubren una pequeña parte del coste por alumno. ¿Por qué no flexibilizar el pago de las tasas académicas para que paguen más los alumnos de familias con rentas más altas, compaginando esa medida con un buen sistema de becas y una formación profesional atractiva y de calidad? Esas iniciativas ayudarían a percibir mejor los costes e incentivos de la inversión pública. El sistema educativo y la sociedad ganarían en equidad, eficacia y transparencia.

II) Pese al buen nivel de la sanidad pública en España, y a que el gasto sanitario muestra niveles de eficiencia superiores a la media de la OCDE, los recortes y privatizaciones pueden poner en peligro esos logros. En algunas comunidades autónomas se empieza a hablar incluso de una sanidad a distintas velocidades, lo que empaña el criterio de equidad y puede reducir la eficiencia que la sanidad introduce en el funcionamiento de los sistemas económicos (al mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en su doble condición de consumidores y trabajadores). ¿Por qué no se pone más acento en reducir el gasto sanitario que beneficia en mayor medida a las empresas privadas de la industria farmacéutica, de la gestión de servicios o del sector de la construcción? Apostar por la sanidad privada utilizando recursos de los presupuestos públicos no mejora ni la equidad ni la eficiencia.

III) En España es prioritario reducir la tasa de paro. La reforma del mercado de trabajo aprobada por el gobierno de Rajoy no insiste suficientemente en las medidas necesarias para crear empleo. ¿Por qué no se fomentan más los contratos a tiempo parcial, especialmente para jóvenes, reduciendo las cotizaciones aplicables en esos casos? Así se apreciarían mejor los incentivos y los costes del sistema: más jóvenes podrían trabajar y estudiar, y las empresas podrían contratar más trabajadores sin incrementar sus gastos por cotizaciones. ¿Por qué no vincular en mayor medida la percepción de subsidios por parte de los trabajadores en paro a la exigencia de mejorar su formación y a la realización de algunas prestaciones sociales? De ese modo se podrían cubrir mejor algunas necesidades en los ámbitos de dependencia, exclusión o formación. También se ganaría en movilidad funcional e incluso geográfica de las personas, aunque para ello sería también necesaria una política más activa en materia de vivienda. ¿Por qué los ayuntamientos no ofertan viviendas en alquiler a bajo precio, con el apoyo de una legislación que obligue al sector financiero (bancos y cajas) a participar activamente en esa iniciativa, tan necesaria para estimular la actividad económica y favorecer la movilidad? Todos ganaríamos en flexiseguridad: habría más incentivos a la movilidad laboral, compatibles con una menor incertidumbre social.

Fuente: Futsal Activities Sellos de Goma http://www.futsalactivities.com/es/menu-productos/sellos-de-goma.aspx 

Estado de Bienestar, como inversión sostenible

La crisis afecta más a los países de la UE donde el Estado de Bienestar ha tenido menos desarrollo. En la periferia europea, la presión fiscal y los gastos en políticas sociales son proporcionalmente menores que en el resto de la UE. Aunque nadie discute la necesidad de su reforma, el Estado de Bienestar puede contribuir a la estabilidad fiscal y macroeconómica sin incurrir en más recortes sociales. Para ello, además de gravar en mayor medida las rentas del capital y combatir el fraude, puede ser útil la creación de empleo en actividades relacionadas con las políticas sociales. Así se lograría una mayor cohesión económica y social que ampliaría el tamaño y la solidez de los mercados, reduciría la incertidumbre y estimularía la productividad y el crecimiento, requisitos esenciales para hacer sostenible el Estado de Bienestar.

El Estado puede estimular las inversiones, el crecimiento y el empleo mediante su capacidad normativa y a través del impacto que ejercen las políticas económicas y fiscales. Puede contribuir al bienestar garantizando la eficacia de la inversión pública y el buen funcionamiento de las instituciones básicas para el desarrollo de las actividades productivas. También puede apoyar la acumulación de capital en sectores privilegiados, como las infraestructuras o el complejo armamentístico. Además, en la actual crisis los Estados han optado por apoyar más directamente al sector financiero, facilitando recursos públicos a bajo coste, en lugar de destinarlos a usos alternativos.

De todas esas acciones habría que esperar un balance globalmente satisfactorio para la sociedad. En lugar de ello, la propuesta actual es reducir el tamaño del Estado y sus prestaciones sociales para abrir más campo de acción al sector privado, aunque en teoría éste debería funcionar mejor que el público. La función de legitimación de las políticas públicas ante la ciudadanía ha quedado relegada frente a la necesidad de apoyar la acumulación de capital. En lugar de fortalecer la regulación de las actividades financieras en beneficio de todos, sólo se proponen recortes sociales y de bienestar.

Si los costes y las ventajas, los incentivos y los riesgos del Estado de Bienestar fuesen más visibles, los analistas y los ciudadanos valorarían mejor el papel de la inversión pública, en lugar de prejuzgarla de manera tosca como un mero gasto ineficiente. El Estado de Bienestar forma parte de la política social de mercado en Europa. Sus logros y deficiencias podrán evaluarse con mayor rigor si se potencian los criterios de transparencia y eficacia, en aras de la estabilidad y la equidad.

Las políticas sociales se financian con cotizaciones sociales y no son las responsables de la crisis ni del déficit fiscal ni del paro. Quienes sufragan el Estado de Bienestar y se benefician de él, han de esforzarse en hacerlo sostenible, hoy y a largo plazo, siempre que no lo impida la obsesión por los recortes.

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