8 marzo 2010.
El funcionamiento de la justicia es de lo más serio que puede ofrecer un país. Si falla, no es exagerado decir que pierde importancia buena parte de lo demás. Sin suficientes garantías de que las leyes se hacen cumplir, lo legislado puede quedar reducido a simple letra, sin la requerida correspondencia en el devenir socioeconómico y la dinámica social. Pero, aunque nadie discute la teoría, sigue faltando la práctica, al punto de ser una asignatura todavía pendiente en la que presume ser novena economía del planeta.
Demasiadas cosas en torno a la administración judicial son difíciles de entender. Entre las más socorridas resalta la modernización que, pese a sucesivos planes, compromisos y pactos alcanzados nunca se acaba de consumar. Resulta así que la lentitud procedimental persiste, en unas jurisdicciones y órganos más que en otros, con la consecuencia de hacer que resoluciones justas lo sean menos porque el retraso desvirtúa su aplicación.
Quizás sea peor, sin embargo, la persistente intrusión recíproca entre judicatura y política o, si se prefiere, entre dirigentes significados de uno y otro estamento. No parece que sean conscientes del efecto disruptor que sus comportamientos están induciendo en la sociedad, primero, y la imagen exterior de España, después.
A estas alturas, empieza a ser difícil valorar quien lo está haciendo menos peor.
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