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ÁNGEL BOIXADÓS
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¿Vuelve la banca pública?
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9 marzo 2010.
El Gobierno quiere contar con una banca pública. Pero esta ya no existe. Primero la integraron en la extinta Argentaria (creada en 1991), luego la privatizaron en sucesivas oleadas y finalmente se perdió al integrarse en el BBVA. En el inicio de la década de los noventa se consideró que la banca pública era una rémora del pasado, de una economía basada en la intervención estatal. Entonces primaba el discurso de la liberalización y de la competencia. Se optó por integrarla en un holding, que posteriormente fue vendido en bolsa. No se consideró oportuno contar desde el sector público con un banco especializado en el crédito hipotecario, otro en el industrial, uno en agrícola y uno más en las administraciones locales. Incluso se llegó a pensar en la desactivación del ICO, ya que el papel de agencia financiera estatal lo podía cubrir el Tesoro Público.
De aquellas aguas vienen estos lodos. La decisión de poner fin a la historia más que centenaria de la banca pública (el Hipotecario se creó en 1873 a instancias del marqués de Salamanca) fue adoptada por los gobiernos del socialista Felipe González. Todo el arco parlamentario participó en la decisión. Nadie se opuso, ni tan siquiera tímidamente. Pero ahora todos la echan en falta. El estrangulamiento del crédito que padece la economía española ha recuperado la necesidad de contar con un brazo financiero estatal. Pero éste ya no existe y no se puede refundar por la vía de una simple decisión administrativa. El ICO cuenta ahora con una importante partida de fondos para insuflar liquidez al tejido industrial y familiar, pero no con el apoyo de una red presente en todo el Estado para asignarla correctamente.
La solución no es fácil y la urgencia de la crisis económica apremia. Se ha pensado en un concurso para adjudicar la distribución de los fondos del ICO a una entidad financiera privada. A partir de ahí es donde surgen grandes dudas y es cuando más se echa en falta a la red especializada de la antigua banca pública. Si uno de los grandes bancos o una de las cajas con mayor dimensión se hacen con el concurso ¿cómo se garantiza una correcta asignación del crédito público? No deja de ser un ejercicio curioso que el ICO aporte los fondos, una entidad privada lo gestione y que el riesgo de impago sea para la agencia financiera estatal. En este caso ¿qué garantías existirán para evitar que la entidad adjudicataria no limpie su propia cartera crediticia trasladando los fallidos al fondo público? ¿con qué seguridades se deberían contar para que quien ganase el concurso no utilice los recursos públicos para quitarle clientes y negocio a la competencia? Son preguntas sin respuesta, pero que obligan a plantearse otra ¿porqué se cayó en la frivolidad de matar a la banca pública?
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